Publicado por
Anonimo
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21 septiembre 2013
La noche del 15 de septiembre de 2008 ocurrió
algo que cambió radicalmente la vida de tres mexicanos que pagaron por un
delito que no habían cometido. Se festejaba el tradicional
Grito de Independencia y una multitud se
encontraba reunida en la plaza principal de Morelia, Michoacan (México); de pronto, sin
esperarlo, se escucharon dos explosiones producidas por granadas de
fragmentación. Tras el estallido ocho personas murieron y más de un
centenar resultaron heridas.
Juan Carlos Castro, Julio
Mondragón y Alfredo Rosas fueron acusados de haber lanzado las granadas;
sin embargo, esa noche, las tres personas se encontraban a 400
kilómetros del lugar donde se cometió el atentado. Habían sido detenidos
por la Procuraduría General de la República (PGR) tras una "llamada
anónima" que les indicó la ubicación de los presuntos culpables, los
cuales, fueron encontrados en una casa vacía con huellas de tortura,
maniatados y cubiertos de los ojos en el momento de su detención.
Los hombres fueron expuestos a la opinión pública en televisión y otros
medios a nivel nacional como miembros de una organización dedicada al
trafico de drogas. En un vídeo filmado por la PGR se podía ver un
interrogatorio donde los acusados se declaraban culpables, pero algo no
estaba bien: cuando se les pidió describir las granadas que utilizaron y
como las arrojaron, los hombres, de aspecto humilde, desconocían como
funcionaba una granada; esto levantó sospechas de un posible montaje y
una detención injusta, además de que antes de dicha filmación los
acusados habían sido torturados por la policía, resultando Alfredo Rosas
con al menos cinco costillas rotas, incluso en el vídeo aparecían
vestidos con batas de hospital; sin duda, estaban siendo obligados a
culparse de algo que no habían cometido.
Juan Carlos Castro,
Julio César Mondragón y Alfredo Rosas Elicea estaban siendo victimas de
algo llamado "fabricación de culpables", una practica muy recurrente de
las autoridades mexicanas. Todo parecía ser un autoatentado que tenia como
objetivo mostrar a la población que la violencia estaba tomando terreno
en el país, y que las autoridades eran capaces de hacerle frente
eficazmente. Algunos medios le atribuyeron tanto el atentado, como el secuestro, a miembros del crimen organizado, mientras fuentes no oficiales sostienen que fue un montaje de las autoridades mexicanas para
limpiar el nombre de políticos y corporaciones policíacas que se habían
mostrado incompetentes ante el crecimiento del crimen organizado y la
guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente Felipe
Calderón, una guerra que dejó más de 90 mil muertos sólo en su sexenio. Se cree que también pudo llevarse a cabo un trabajo en conjunto entre policías y criminales.
Juan Carlos Castro había sido secuestrado tres días después del
atentado mientras reparaba un automóvil en el negocio donde trabajaba.
Su esposa levantó una denuncia y no supo nada de su paradero durante
ocho días, hasta que él apareció en televisión intentando describir,
torpemente, como funcionaba una granada. Durante los ocho días fue
torturado hasta que aceptó ser culpable.
Las esposas de los
tres hombres contaban con lo necesario para demostrar la inocencia de
sus maridos y de que habían sido secuestrados los días 18, 21 y 23 de
septiembre. Además se presentaron más de 30 testigos que aseguraban que
los acusados estaban con sus familias la noche del atentado. No
importando esto, fueron ignorados por las autoridades y se trasladó a
los acusados al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Información extraída del libro: Las Historias Más Negras (José Reveles)
